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Dossier thématique. Conflits, mémoires et droit : regards croisés entre la France et l’Amérique latine
L’Amérique du Sud

Memoria, reconciliación y democracia

Reflexiones a partir de la violencia en el Perú
Salomón Lerner Febres
Cet article est une traduction de :
Mémoire, réconciliation et démocratie

Texte intégral

1En el curso del último decenio, el Perú ha vivido un nuevo periodo de transición a la democracia. Este proceso ha implicado, en rigor, un doble tránsito: de un lado, desde un gobierno autoritario y profundamente corrupto como aquel que gobernó el país durante la última década de 1990; y, de otro lado, desde un periodo de violencia que abarcó las dos últimas décadas del siglo XX y que resultó ser el más terrible de cuantos ha padecido nuestro país a lo largo de su vida independiente.

2Hoy se puede decir que esa transición ha resultado una oportunidad desperdiciada. No lo ha sido, seguramente, si se la mide con los parámetros más superficiales, aquellos que tienen que ver con la sucesión pacífica en el poder por medio de elecciones. Sin embargo, desde una concepción más profunda y exigente –por tanto, más genuina– de una democracia resulta claro que el proceso iniciado en el año 2001 está resultando insuficiente y precario, pues el Perú no ha dado pasos significativos hacia su constitución como una verdadera sociedad de ciudadanos, lo cual hubiera implicado la realización de profundas reformas en los momentos en que, por el clima mental y político de la transición, ello hubiera sido posible.

3El Perú se encamina a revivir una frustrante experiencia varias veces repetida y varias veces lamentada: intentar afirmar un régimen político denominado republicano y democrático pero que, en realidad, está asentado sobre la base de la exclusión de una parte considerable de sus ciudadanos y sobre la constante deformación de las instituciones del estado de derecho.

4Frente a esta situación surge entonces la pregunta acerca de las condiciones que tendrían que cumplirse para así construir, del mejor modo, el proyecto democrático en el Perú. En lo que sigue intentaré esbozar algunas ideas que entiendo pertinentes y que han atraído en buena medida mi reflexión por el papel que desempeñé como Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organización estatal independiente que funcionó entre los años 2001 y 2003, y que estuvo encargada de develar las razones de los hechos de la terrible violencia que vivió la nación peruana entre los años 1980 y 2000, de modo que ella se conociera con transparencia y a partir de la memoria de dicho conflicto, se hiciera justicia; se repararan, en lo posible, los daños producidos y se posibilitará así el surgimiento de un horizonte para la reconciliación nacional.

5Estas reflexiones se basan en una fuerte convicción sobre el papel central que tiene la experiencia ciudadana, o más ampliamente, la ética cívica, en la consolidación de una democracia. Dicho proceso, si bien tiene en un adecuado diseño institucional un punto de apoyo indispensable, sólo puede lograrse ahí donde el respeto de la ley y la participación en las decisiones públicas son experiencias queridas y valoradas por todos los habitantes de una sociedad.

6En la historia reciente del Perú, toda reflexión sobre las posibilidades de la democracia debe tener en cuenta el verdadero cataclismo moral que significó para nuestro país los veinte años de violencia experimentados entre los años 1980 y 2000. Frente a tal calamidad, que puso en evidencia las hondas fracturas de la sociedad peruana, era necesaria una tarea de reconocimiento y de aprendizaje como la que llevó adelante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Señalaré cómo la tarea de esa organización estatal, centrada en el rescate de una memoria ética y veraz, pudo y puede ser todavía un punto de apoyo para la recuperación de una ilusión realista sobre la democracia y cómo la escasa atención oficial prestada hasta el momento a las lecciones derivadas de tal tarea ilustra las insuficiencias y los estrechos horizontes del reciente periodo transicional que he mencionado. Al desarrollar estas ideas, quisiera señalar de qué manera la construcción de una paz con justicia y de una democracia incluyente en el Perú depende de un reencuentro del lenguaje de la política con el lenguaje de la ética, confluencia puesta de manifiesto en la experiencia que voy a referir y que implica una cierta concepción de la verdad, de la justicia y de la reconciliación.

I. Los años de violencia

  • 1 Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo I, Lima, CVR, 2003, p. 70.
  • 2 Op. cit., p. 71.

7La ola de violencia que asoló a la sociedad peruana comenzó en mayo de 1980 cuando la organización maoísta autodenominada Partido Comunista del Perú y conocida como Sendero Luminoso inició la lucha armada –que ellos llamaban popular– en pequeñas y empobrecidas localidades de los Andes del Perú. Muy pronto la actividad de Sendero Luminoso se extendió a casi todo el territorio nacional aunque dando prioridad, en sus años iniciales, a las zonas rurales del país. Sabotajes, asesinatos de autoridades, extorsiones a los campesinos más humildes y desprotegidos por el Estado, campañas punitivas –casi siempre sanguinarias– contra las comunidades andinas que se resistían a seguirla, fueron algunos de los métodos de violencia y terror que puso en práctica la organización dirigida por Abimael Guzmán Reinoso, conocido primero como camarada Gonzalo y luego como presidente Gonzalo1. Ahora bien, la dinámica de la violencia no se agotó en los movimientos subversivos pues hay que añadir a ellos la acción de las fuerzas policiales y militares del Estado. Éstas no fueron fieles a su misión de defender el Estado de Derecho: es decir, cautelar la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos del Perú. En lugar de ello, en numerosas ocasiones, combatieron a las organizaciones terroristas con métodos igualmente cruentos e indiscriminados y cometieron masivas violaciones de los derechos humanos2.

  • 3 Sobre el perfil de las víctimas del periodo de violencia, ver: Comision de la Verdad y Reconciliaci (...)
  • 4 La CVR recomendó investigar a la cúpula de Sendero Luminoso por la posible comisión del delito de g (...)
  • 5 La conclusión general 77 del Informe Final de la CVR indicó: “La CVR ha constatado, con pesar, que (...)

8En sociedades como la peruana, donde campea la desigualdad, la violencia afecta también de manera diferenciada a las personas. Así, los estratos más humildes del país –campesinos y pastores de las comunidades de alturas de los Andes, olvidados por parte del Estado, ignorados cuando no despreciados por los peruanos de las ciudades– fueron el principal blanco de las organizaciones subversivas que decían luchar por ellos. Sobra decir que esos mismos ciudadanos empobrecidos, acosados y extorsionados por Sendero Luminoso fueron, también, las principales víctimas de la acción contrasubversiva de las fuerzas armadas y policiales3. Hay además que señalar que la violencia afectó también a otras poblaciones secularmente marginadas: así, uno de los grandes dramas de esos años fue el ensañamiento de Sendero Luminoso con un pueblo de la Amazonía, la nación asháninka, sometida a una campaña de esclavización y exterminio que, según lo entendió la CVR, podría haber llegado al rango de genocidio4. Debemos decir para completar esta aproximación general, que los crímenes cometidos contra los peruanos más humildes tuvieron como lamentable telón de fondo la indiferencia del resto de la población –los peruanos de las clases medias y altas, instruidas, beneficiarias de la modernidad– los que permanecieron por mucho tiempo impasibles ante tal espectáculo de degradación humana y social5.

9A inicios de la década del 2000, cuando la violencia había cesado por la derrota militar de Sendero Luminoso y el encarcelamiento de su cúpula dirigente, el país tenía una aguda –pero al mismo tiempo inexacta– sensación de la magnitud de la catástrofe sufrida. Se suponía que el número de vidas perdidas llegaba a 25 mil y que la cantidad de desaparecidos bordeaba los 6 mil peruanos sin destino ni paradero conocido. Aun no se podía estimar el número de torturados, mujeres violentadas, niños secuestrados y personas mentalmente quebradas por las atrocidades vividas. Se calculaba asimismo que alrededor de 600 mil personas –principalmente del sector campesino y andino– habían tenido que dejar sus hogares y sus escasas pertenencias para buscar un precario refugio en ciudades donde han vivido, y todavía viven, en condiciones de extrema pobreza y, peor aún, sometidos al desprecio de los citadinos. Finalmente, en el recuento de los daños mensurables se mencionaba que las pérdidas materiales por la destrucción de bienes públicos y privados y por el deterioro de la capacidad productiva del país ascendían aproximadamente a 26 mil millones de dólares, una cifra largamente superior al total de la deuda externa del Perú hacia fines de la última década.

II. ¿Por qué una Comisión de la verdad?

10En dicho contexto de crímenes no esclarecidos, daños no reparados, responsabilidades no sancionadas y defectos sociales no examinados ni corregidos, surgió en el Perú la demanda de una instancia que ayudara al país a aclarar lo sucedido en ese periodo, de modo tal que nos aprestáramos a superar la violencia nos comprometiéramos en una auténtica tarea de construcción de la paz.

  • 6 Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, artículo 1.

11La Comisión de la Verdad del Perú fue creada el 4 de junio de 2001 por el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua Corazao. Tuvo el mandato expreso de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”6.

12Además de identificar hechos y responsabilidades, el Estado encargó a la Comisión explicar los factores sociales, políticos, institucionales y de otros tipos que incidieron en el desencadenamiento de la violencia. También se asignó a la CVR la tarea de proponer acciones para la reparación de los daños ocasionados a la población afectada y finalmente se le solicitó que recomendara reformas sociales, legales o institucionales destinadas a impedir nuevos ciclos de violencia.

13Desde el comienzo, para cumplir con dicho mandato tan complejo, los integrantes de la Comisión asumimos la necesidad de llevar adelante rigurosas investigaciones en busca de los datos fácticos sobre las violaciones de derechos humanos cometidas y, tan importante como ello, nos preocupamos por hallar un marco interpretativo que permitiera dar a esos datos un sentido y un significado, no sólo en la perspectiva de aportar una verdad legal o forense, sino también una verdad de contenido socio-histórico. Comprendimos que todo ese esfuerzo solamente estaría completo si se convertía en motivo de una profunda reflexión que nos permitiera, en primer lugar, comprender por qué ocurrieron los sucesos materia de nuestra investigación y, en segundo lugar, cuales eran los cambios necesarios en nuestra sociedad para que tales desgracias no tuvieran posibilidad de repetirse.

14Investigación, análisis y reflexión resultaron las grandes sendas por las que transcurrió nuestro trabajo. Sin embargo, tales actividades solamente cobrarían sentido en cuanto se hallaran remitidas a un propósito moral, que era, a fin de cuentas, la esencia de nuestra misión. Determinar el sentido de ese propósito moral demandó un periodo inicial de reflexión interna durante el cual hubo que interpretar cabalmente el mandato legal recibido.

III. ¿Cuál fue la interpretación que realizamos?

15La verdad que debíamos buscar y brindar al país no debía entenderse únicamente como la formulación de un enunciado teorético que correspondiera a la realidad de los hechos, como ocurre en el dominio de la ciencia. Aspirábamos a obtener y ofrecer una verdad provista de contenido y repercusión morales, es decir, aquella que implicara el reconocimiento de uno mismo y del prójimo y que poseyera atributos de curación espiritual. Por tanto, teníamos que buscar una verdad sanadora y regeneradora.

16Esta visión sobre la verdad se basó en nuestra comprensión de un hecho crucial. Las comisiones de esta naturaleza no son, por lo general, sustitutas de la justicia ordinaria a cargo de los tribunales, sino que están concebidas como instancias de recuperación moral de una sociedad. Por ello, están destinadas al rescate de un sentido cívico olvidado y que ha de trascender ―aunque no excluir― la identificación y la sanción de los responsables de crímenes y atropellos de los derechos humanos. Entendimos que, para que nuestra Comisión realizara con autenticidad su tarea, resultaba indispensable que ella reconociera con claridad lo que se hallaba en juego en el cumplimiento de su misión, de manera tal que las investigaciones no se redujeran a una pesquisa policial sino que se convirtieran en fuente de pedagogía ciudadana y de reafirmación ética.

17Hubiéramos hecho mal en entender esta inspección de nuestro pasado como una mera actividad de señalamiento de los culpables directos de crímenes sin nombre. Esta acción formó parte importante de nuestro trabajo, sin duda alguna. Pero éste se inscribía en un escenario más amplio, vinculado a la responsabilidad que debía ser asumida, en el curso de esas dos décadas, por el estado, por la sociedad, por las instituciones que articulaban nuestra vida en común, en suma, por todos los peruanos.

18Introduzco aquí un concepto crucial para la afirmación de la democracia y de la gobernabilidad futura en el Perú: la responsabilidad. Dicha noción se halla incrustada en el centro de toda reflexión de pretensiones éticas. Únicamente en la medida en que somos responsables y que aceptamos serlo, nuestros actos son susceptibles de juicio moral o incluso judicial. En ciertas circunstancias la responsabilidad, como cualidad de nuestros actos, trasciende largamente la dimensión de las causas inmediatas y eficientes. ¿A qué circunstancias me refiero? Ciertamente, a aquellas que enturbiaron la vida del Perú en las últimas décadas: cuando en un país se desencadena un periodo de violencia que deja decenas de miles de muertes, miles de desapariciones forzosas, innumerables destinos humanos destrozados por atropellos, exacciones y humillaciones indescriptibles, resulta difícil limitar el ámbito de las responsabilidades morales a quienes ejecutaron directamente los crímenes.

19Sin ignorar que es necesario que los criminales respondan ante la justicia, fue indispensable comprender que, en rigor, todo el cuerpo social de nuestro país –dirigentes políticos, administradores del Estado, organizaciones diversas y ciudadanos en general– debía comparecer ante el juicio moral que se debía llevar a cabo.

20Me he referido a un proceso de violencia como fenómeno que involucra a la sociedad entera. No obstante, los miembros de la Comisión fuimos plenamente conscientes la existencia de dicho proceso a causa de actos de personas concretas que lo iniciaron y lo llevaron hasta extremos de crueldad repudiables. Nuestras investigaciones habían de dirigirse al difícil territorio de las acciones y las intenciones humanas, para asumirlo como una dimensión de la vida ética en la que es necesario expresar juicios de valor, los cuales sólo encuentran su fundamento en tanto están vinculados a fuentes de sentido. Dicho en otra forma, asumimos nuestro trabajo con la conciencia que, en último término, estaba en juego una interpretación honesta y veraz de comportamientos humanos, fueran ellos personales o institucionales.

21La Comisión de la Verdad y Reconciliación entendió, por ello, que su tarea exigía no solamente recuperar los hechos en su rotundidad fáctica, sino también insertarlos, por medio de una interpretación razonada y razonable, en un relato pleno de sentido para todos nuestros compatriotas. Había una lección moral oculta bajo la masa de hechos conocidos y por conocer. Existía una narración oscura que hablaba de resentimientos y desprecios, de confusiones e ignorancias, de soberbia y humillación, sin la cual la historia contemporánea del Perú no podría declararse como completa. Y nos tocaba a nosotros develarla.

22Las desgracias que debíamos aclarar ocurrieron por una opción militante por el atropello y el crimen y por una deserción de la sensibilidad moral. Pero también sucedieron porque existió un contexto social, histórico y cultural que hizo posible todo ello. Había que comprender dicho contexto para completar el entendimiento del proceso de violencia. Al hacerlo, estaríamos mejor preparados para evitar que aquél nos amenazara de nuevo en el futuro.

23Por último, tuvimos plena convicción de que el conocimiento de los hechos y sus circunstancias solamente constituiría una porción de ese trabajo de restauración de la salud de la sociedad peruana que comprendíamos como nuestra misión fundamental.

24A dicha tarea se agregó la necesidad para las victimas de recibir justicia bajo alguna forma de compensación o reparación de los daños que sufrieron, así como el inicio de un proceso de reconciliación, que habría de ser un punto de llegada y una estación de partida para la sociedad peruana. Un punto de llegada, pues solamente sí las verdades expuestas se ponían al servicio de un diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendría sentido y justificación esta inmersión en recuerdos dolorosos de un número considerable de nuestros compatriotas. Asimismo, constituiría un punto de partida pues, a través de una reconciliación genuina, sustentada en un acto de valentía cívica como fue el examen del pasado propuesto, se haría más robusta nuestra fe en la creación de una democracia que no fuera un mero cascarón de formalidades, sino un espacio común en el que se encontraran los peruanos investidos plenamente de su dignidad de seres humanos.

IV. El trabajo realizado

25Para honrar los objetivos asignados en el mandato legal ya mencionado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación generó una amplia organización interna con expertos en las diversas tareas que había de cumplir y centrada en la atención a las víctimas. Por esta última razón, su investigación descansó principalmente sobre el recojo de testimonios.

26Durante su trabajo, la CVR recabó un número apreciable de testimonios. Aproximadamente diecisiete mil personas de las zonas más diversas del país, principalmente de las localidades más golpeadas por la violencia, fueron entrevistadas por la Comisión para que narraran su historia. Fueron además centenares de peruanos quienes, a través de Audiencias Públicas, contaron a todo el país lo que habían padecido y, al ser oídos, empezaron a encontrar justicia y a ver reconocida su dignidad. Aquello que las víctimas relataron y quedó consignado en las entrevistas constituyó una valiosa información que fue interpretada a partir de una perspectiva multidisciplinaria.

27Los datos recogidos fueron analizados desde un punto de vista jurídico, a la luz del derecho penal peruano, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, para establecer la ocurrencia de patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos atribuibles tanto a las organizaciones subversivas como a las fuerzas de seguridad del Estado. Dicha perspectiva nos sirvió para establecer responsabilidades individuales que, esperamos, puedan dar lugar a procesos penales en los órganos correspondientes.

28Por otro lado, la Comisión desarrolló investigaciones de reconstrucción histórica y de interpretación científico-social que nos permitieron, siempre a la luz de dichos testimonios y otras fuentes directas, hacer comprensible el proceso de la violencia en el contexto social y político del Perú contemporáneo.

29Esas investigaciones basadas en testimonios se complementaron con un largo ciclo de entrevistas con los actores directos del conflicto, con la finalidad de reconstruir los hechos recogiendo la palabra directa de los involucrados para someterla a análisis y corroboración. Así, la Comisión sostuvo conversaciones con los altos mandos de las Fuerzas Armada y de la Policía Nacional sobre su participación en el proceso de violencia. Se conversó también con los mandos de la etapa en que la CVR operó y con varios oficiales retirados que fueron altos jefes militares durante la época de la violencia. De igual manera, se sostuvo diálogo con los principales jefes de las organizaciones subversivas, hoy recluidos en centros penales de alta seguridad, así como con otros líderes importantes, aunque de menor rango, presos en diversas cárceles del país.

V. El informe final; sus conclusiones y mensajes

30La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó el Informe Final de sus investigaciones el 28 de agosto del año 2003. Lo hizo ante los presidentes de los tres Poderes del Estado peruano –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, después de más de dos años de trabajo en todo el país, en especial, en las áreas donde se manifestó con mayor gravedad la violencia. Durante la presentación del Informe Final se puso el mayor énfasis en los hallazgos centrales de la CVR, que, como ya hemos indicado, no fueron solamente fácticos sino que incluyeron un severo juicio político-moral sobre el Estado y el país así como un urgente llamado a la acción.

31En una síntesis extrema, la CVR tuvo los siguientes hallazgos centrales:

    • 7 Aplicando una metodología denominada como Estimación de múltiples sistemas, la CVR estimó que el nú (...)

    El número de víctimas fatales –muertos y desaparecidos– resultó ser más del doble de la cifra más pesimista prevista antes de su trabajo. Se hablaba, en el peor de los casos, de 35 mil víctimas fatales, y según nuestras estimaciones éstas fueron casi 70 mil7.

    • 8 Ver Conclusiones Generales 12, 13, 20, 21y 29/30 del Informe Final de la CVR. Sobre la lógica polít (...)

    El principal –pero no único– responsable de esa tragedia fue el denominado Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso (PCP-SL) por iniciar la violencia contra el Estado y la sociedad peruanos; por plantear su llamada «guerra popular» con una metodología terrorista y en ocasiones genocida que negaba todo valor intrínseco a la vida humana individual; y por haber sido, como resultado de esa metodología, quien ocasionó la mayor cantidad de muertos reportados a la CVR8.

    • 9 Sobre la calificación de los crímenes cometidos por agentes del Estado ver: Comision de la Verdad y (...)

    Que las violaciones de derechos humanos cometidas por las organizaciones subversivas –principalmente el PCP-SL– y por las fuerzas de seguridad del Estado no fueron hechos aislados. Tales violaciones –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, violaciones sexuales y otras– fueron masivas y se perpetraron, en ciertos lugares y momentos, de manera sistemática y/o generalizada y configuraron, así, delitos de lesa humanidad9.

    • 10 La información sobre los tres gobiernos en los que transcurrió el conflicto pueden apreciarse en el (...)
    • 11 Sobre el caso Fujimori, conviene revisar las dos sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justic (...)

    Que los gobiernos civiles de Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez, al igual que el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori Fujimori, tuvieron una gravísima responsabilidad moral y política en el proceso por entregar poderes irrestrictos a las fuerzas armadas para lidiar con la subversión omitiendo su deber de ejercer el debido control democrático-constitucional sobre ellas y además por procurarles impunidad frente a los crímenes cometidos y denunciados por diversos sectores de la sociedad peruana10. En lo que concierne a Fujimori Fujimori, la CVR consideró que esa responsabilidad llegó a ser de tipo penal pues la Comisión tuvo pruebas ciertas de su compromiso directo en la creación y aliento de grupos militares dependientes directamente de la Presidencia de la República, encargados de asesinatos selectivos11.

    • 12 En vinculación con la relación entre violencia y desigualdad racial y étnica, ver: Comision de la V (...)

    Que sin perjuicio de las responsabilidades individuales e institucionales que se derivaban del proceso, éste cobró la magnitud y la gravedad conocidas, por la existencia de viejos y profundos hábitos de exclusión, discriminación y racismo en la sociedad peruana. Estos hábitos se manifestaron en la opinión pública bajo la forma de cierta indiferencia a la tragedia vivida por los peruanos de las regiones rurales de los andes e inclusive se expresaron en decisiones de gobierno. La Comisión encontró que la decisión de pagar un cierto costo social en vidas de peruanos humildes para combatir al PCP-SL, asumida por los gobiernos llamados democráticos, fue una clara expresión de ese racismo12.

    • 13 La CVR hizo una exhaustiva exposición sobre los alcances y límites de la reconciliación en el Perú. (...)

    Que la verdadera paz y la democracia arraigarán en el país solamente si se pone en práctica un vasto proceso de transformación –cambio institucional y de cultura cívica– que deje atrás el patrón de exclusión y discriminación antes señalado. Así, se expresó que la reconciliación en el Perú ha de ser el resultado de la exposición plena de la verdad, el ejercicio de la justicia en la forma de reparaciones a las víctimas y castigos a los culpables, y de la puesta en práctica de profundas reformas institucionales13.

32La Comisión señaló en que forma la violencia y el carácter que ésta tuvo obedecieron en medida significativa a las insuficiencias del desarrollo político peruano. El elemento originario de esas insuficiencias se encuentra en el problema de la ciudadanía. En el Perú, la condición de ciudadano, entendida como la posesión de derechos civiles, políticos y sociales y la capacidad de ejercerlos efectivamente, no es una situación generalizada, sino más bien el privilegio de un sector reducido de la población.

33Entendimos que ese gran vacío se encuentra, también, en el origen de las continuas frustraciones democráticas del Perú. Con una población poco favorecida por la existencia del Estado de Derecho, dado que sólo favorece a una minoría, resulta comprensible que la democracia en nuestro país sea frágil y resulte vulnerable ante proyectos autoritarios. Sostuvimos, por tanto, que era urgente llevar adelante vigorosas políticas de desarrollo ciudadano. Ellas deberían ser el gran horizonte en el cual debían cobrar sentido las recomendaciones que hicimos para enfrentar el legado de la violencia, como parte de nuestro mandato legal.

VI. Reconciliación

34Creemos que el rescate o la restitución de una memoria veraz es el requisito previo fundamental para el cumplimiento de las recomendaciones que he mencionado. Al mismo tiempo, para la CVR ellas constituyen un componente de un horizonte más amplio de alcances históricos, que es el horizonte de la reconciliación.

35El concepto y la propuesta de reconciliación presentados por la CVR, en cumplimiento de su mandato, aparecen como tareas esencialmente morales, orientadas a la comprensión del pasado y del presente y a nuestro auto reconocimiento como sujetos poseedores de una voluntad abocada a descubrir y sobre todo a construir los medios del “nunca más”. Ello implica la creación de un acuerdo social superior inspirado en la práctica de la justicia y la solidaridad y que proclame el valor y la dignidad absolutos de la persona humana.

36Así, el primer ingrediente de la reconciliación será la verdad ligada al ejercicio de una memoria colectiva. Sólo mediante el desvelamiento del pasado común y el ejercicio de una memoria plena de significados compartidos, de una memoria que tenga como sujeto el nosotros, será posible la reconciliación.

1. Memoria y reconciliación

37En efecto, toda comunidad basa sus relaciones presentes en el modo cómo comprende su pasado. Por tanto, mientras más auténtico sea el diálogo que materializa dicho pasado común, más genuinas serán las tareas de la reconciliación. Por dicha razón, una memoria colectiva deformada interesadamente por los poderosos, que falsea u oculta los hechos y, de ese modo, anula la primera vía para la recuperación de las víctimas, será, a nuestro juicio, el primer obstáculo por vencer en un proceso reconciliador.

38De otro lado, como lo ha manifestado la Comisión con rotundidad, el ejercicio de la memoria no debe confundirse con una cultura de la venganza, pues tal confusión, en lugar de liberar a las sociedades, las hace esclavas del pasado.

39¿Cómo se obtiene esa memoria dialógica, creativa y liberadora? En el caso de la CVR peruana, se buscó dicha memoria mediante una apertura a las vivencias de quienes sufrieron en carne propia la violencia. La palabra de las víctimas, quienes habitualmente no tienen voz pública, abrió las vías a un encuentro intersubjetivo, a un acto de integración voluntario y por tanto libre entre todos los que eligieron recordar. Ese recordar se concibe como un patrimonio intransferible: nadie recuerda en nuestro lugar; nuestra memoria no puede ser impuesta desde fuera, sino que crece en nosotros o entre nosotros. En esta radical intersubjetividad de la memoria se encuentra su naturaleza esencialmente ética: el pasado se recupera, pero no como un ejercicio de poder control y dominio sino como un acto fundante de la comunidad. Al rememorar, conmemoramos.

2. Reconciliación, justicia y perdón

40Si bien la verdad es condición de la reconciliación, aquella no es verdad sin propósito sino que abre el camino de la justicia. Ésta es, por tanto, no sólo una condición sino también consecuencia de la reconciliación. La justicia debe ser entendida en sentido amplio. En su naturaleza judicial, implica la acción de la ley sobre los culpables de crímenes. Ello significa poner fin a la arbitrariedad. De otra parte, en lo social y político, la justicia demanda el resarcimiento material y moral de las víctimas. En todo caso, nunca debe ser confundida con la venganza.

41Sobre la base de esas ideas, y teniendo presente la historia inmediata de la violencia y la larga historia nacional de la cual ella es una trágica expresión reciente, la CVR propuso una noción de reconciliación consistente en la restauración de los lazos entre el Estado y la sociedad. Tal restauración – que cobra la forma de un nuevo pacto social – implica una transformación de la comunidad política para convertirla en una sociedad de ciudadanos. Una ética cívica, un diálogo de la política con la moral como el que está implícito en esta propuesta reconciliadora puede parecer imposible en los tiempos de cinismo y utilitarismo superficial que vivimos. Pero no lo es. Verdad y memoria han sido siempre poderosas a lo largo de la historia humana y han gravitado como eficaces aliadas de la justicia y de la afirmación de una democracia.

42Los peruanos tenemos la ambición y el deber de construir una sociedad justa, pacífica y democrática mediante la memoria. Ella está llamada, tarde o temprano, a prestar sus servicios al rescate de un proyecto democrático en el Perú.

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Notes

1 Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo I, Lima, CVR, 2003, p. 70.

2 Op. cit., p. 71.

3 Sobre el perfil de las víctimas del periodo de violencia, ver: Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo I, Lima, CVR, 2003, pp. 163-202.

4 La CVR recomendó investigar a la cúpula de Sendero Luminoso por la posible comisión del delito de genocidio en contra del pueblo asháninka. Las acciones de esta organización en contra del referido pueblo indígena amazónico se pueden revisar en: Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VI, Lima, CVR, 2003, pp. 674-728.

5 La conclusión general 77 del Informe Final de la CVR indicó: “La CVR ha constatado, con pesar, que los gobiernos civiles no estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas”.

6 Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, artículo 1.

7 Aplicando una metodología denominada como Estimación de múltiples sistemas, la CVR estimó que el número más probable de víctimas mortales del conflicto armado interno fue de 69,280 personas. Una explicación estadística sobre dicha estimación se encuentra en el Anexo 3 del Informe Final de la CVR “¿Cuántos peruanos murieron?”.

8 Ver Conclusiones Generales 12, 13, 20, 21y 29/30 del Informe Final de la CVR. Sobre la lógica política y militar del PCP-SL, ver: Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo II, Lima, CVR, 2003, pp. 23-137. Sobre calificación de los crímenes cometidos por el PCP-SL ver Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo I, Lima, CVR, 2003, pp. 232-241 y 242-246. También se recomienda, acerca de las aristas centrales del proyecto político y pedagógico del PCP-SL: Degregori, Carlos Iván. ¿Qué difícil es ser Dios? El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú 1980-1999, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2011.

9 Sobre la calificación de los crímenes cometidos por agentes del Estado ver: Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo I, Lima, CVR, 2003, pp. 232-241 y 247-257. Sobre la lógica de las acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ver Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo II, Lima, CVR, 2003, pp. 138-376. Una versión periodística a partir del punto de vista de los perpetradores de violaciones de derechos humanos puede encontrarse en UCEDA, Ricardo, Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano. Bogota, Planeta, 2004.

10 La información sobre los tres gobiernos en los que transcurrió el conflicto pueden apreciarse en el Tomo III del Informe Final.

11 Sobre el caso Fujimori, conviene revisar las dos sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la República por los casos Barrios Altos – La Cantuta - Sótanos SIE. En la primera de ellas se considera al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como una importante prueba para la comprobación del contexto en que ocurrieron los hechos. Ver las sentencias en: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/index.asp?codigo=10409&opcion=detalle_noticia (primera instancia).

12 En vinculación con la relación entre violencia y desigualdad racial y étnica, ver: Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VIII, Lima, CVR, 2003, pp. 119-174.

13 La CVR hizo una exhaustiva exposición sobre los alcances y límites de la reconciliación en el Perú. Puede apreciarse en: Comision de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo IX, Lima, CVR, 2003, pp. 23-115.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Salomón Lerner Febres, « Memoria, reconciliación y democracia », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 2 | 2012, mis en ligne le 09 décembre 2013, consulté le 23 mars 2017. URL : http://revdh.revues.org/257 ; DOI : 10.4000/revdh.257

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Auteur

Salomón Lerner Febres

Rector Emérito y presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que realizó sus funciones entre 2001 y 2003.

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